Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología Vol.28 No.2 (abril-junio, 2019): 201-207
CARRINGTON, Kerry; HOGG,
Russell; SCOTT, John y SOZZO, Máximo –Editors-. (2018)
Pp. 1068
Esta colección de numerosos y heterogéneos ensayos pretende una aproximación renovada hacia la cuestión del control social y la justicia penal dentro de un marco de referencia complementario a la racionalidad occidental, representada por el conocimiento sistematizado e imperial de los países centrales, agrupados como Norte Global. Qué deba ser entendido por Sur Global sería objeto de debate. Los editores, en el capítulo introductorio, sugieren un entorno conformado por Asia, África, Centro y Sur América y partes de Oceanía, que representando el 85% de la población mundial, ha experimentado conflictos violentos, destrucción ambiental,
expolio de recursos, corrupción política y escasa gobernanza, lo cual, significando serias amenazas para la seguridad humana, haría minimizar los problemas de criminalidad, tan centrales para los países del norte (6). El programa intelectual apuntaría a generar investigación y teorías innovadoras en materia de delincuencia y justicia, contribuyendo a cerrar brechas y desigualdades en términos de conocimiento y relaciones políticas y económicas (2-3). Si bien se distingue entre regiones de asentamiento (entre las cuales se incluye Latinoamérica), donde las poblaciones locales fueron absorbidas o desplazadas, y regiones post coloniales, donde no ocurrió otro tanto, el común denominador de este Sur Global estaría dado por la subordinación económica e intelectual hacia el norte, que
dirige la atención hacia los centros urbanos y desperdicia oportunidades para innovar con estrategias de justicia y repensar la igualdad y el rol de las instituciones legales tradicionales. Se trataría de un proyecto teórico, empírico y político de redención que procura la modificación del campo criminológico para hacerlo mayormente inclusivo de relatos y patrones de la criminalidad fuera del norte global, en definitiva asumido como el universo de los países angloparlantes (11-12). Que los promotores del proyecto sean profesores australianos quienes pertenecen a dicho universo, permite discutir sobre la pertinencia, justificación y alcance de esta iniciativa. El Índice analítico del volumen refleja, de entrada, un prejuicio y un sesgo geográfico cultural hacia el denominado Norte Global.
Se trata de 50 ensayos y más de 1.000 páginas, por lo cual una reseña detallada agotaría a quien pretende realizarla y al lector. Por esta razón escogeré algunas ideas y hallazgos, bien documentados por algunas de las contribuciones, para abordar luego lo que, a mi modo de ver, representa el aporte latinoamericano y sus perspectivas en el marco de esta Criminología del Sur Global.
Una de las cuestiones que emerge con más fuerza es la del colonialismo. Varios de los ensayos la abordan en términos de las explicaciones e interpretaciones, los modelos legales importados y la elaboración jurídica subordinada a los intereses o visiones metropolitanas. Considerando que la experiencia colonial, sea de asentamiento o de post colonialismo, es un común denominador en la región identificada como Sur Global, tal orientación no es sorprendente. Sin embargo, colonialismo ha experimentado también el Norte Global, y en ocasiones, como Norteamérica, en forma simultánea a sus pares centro y suramericanos, por no hablar de la colonización antigua de países hoy identificados como norteños. Hay algo en esta cuestión que resuena como falencia, pérdida, sumisión. Se habla de conocimiento indígena como local, holístico y oral, transmitido mediante cuentos, rituales, danza y ceremonias, y de los desafíos de una epistemología y ontología ancladas a estas modalidades (19), sin llegar a indicarse cómo rebasaría esta concepción el ámbito local para procurar una gobernanza más general dentro de territorios que albergan a estados nacionales más abarcantes que las poblaciones originarias. Se sugiere el reconocimiento de derechos colectivos y culturales (que se vienen incorporando incluso a las constituciones políticas) como un desafío al sujeto individual contractual del modelo jurídico occidentalizante (99), aunque habría que revisar la interpretación y desarrollo de alternativas, con la emergencia del paradigma ambientalista, por definición universal, que constituye un eje importante en este libro. Se propone avanzar, desde el sur, con un mayor conocimiento sobre cómo los agentes de desarrollo internacional entienden las cuestiones criminológicas y su efecto en propuestas y recomendaciones (206), lo cual plantea los sesgos de agencias externas que incluso ignoran datos relevantes para sus iniciativas, como el hecho que las mujeres en países desarrollados están, en comparación con los hombres, proporcionalmente más expuestas a la violencia homicida que quienes viven en los denominados subdesarrollados. Se denuncian las atrocidades cometidas por los países centrales como consecuencia de sus intervenciones armadas en nombre del control del terrorismo, amparadas por el oscurecimiento de los hechos, el monopolio en la fabricación de los relatos y la colonización intelectual de programas de intervención
a expensas de las experiencias, documentación y tradición de los actores directamente involucrados (975-976, passim) lo cual induce a pensar en los desequilibrios de poder y la reducción de las asimetrías.
Probablemente, y muchas de las contribuciones en este volumen así lo indican, la cuestión central para esta emergente criminología del sur sería el desequilibrio del poder. Un ensayo sobre la corrupción, que tiende a ser atribuida como mal endémico a los países menos desarrollados, sugiere una gran vulnerabilidad de entornos donde se encuentran enraizados vínculos tradicionales de obligaciones recíprocas, aunque no sería apropiado denominar como potencialmente corruptas las relaciones de obligaciones y dependencias en culturas de clanes (373). Lo esencial en la corrupción sería alterar el equilibrio de mercado mediante la obtención de una ventaja comparativa, algo frecuentemente generado por actores externos con pretensión de dominio, aprovechando incluso reglas flexibles o inexistentes en los territorios donde se compite. Sin embargo, que la corrupción no sea necesariamente un subproducto de países colonizadores en beneficio de maximizar las ganancias de sus accionistas anónimos, lo ilustra bien el caso Odebrecht y otros escándalos menores en Latinoamérica, que prosperan en entornos de solidaridad coyuntural donde, bajo el amparo de la ideología, los agentes corruptores se vanaglorian de sus prácticas como una forma de obtener la pleitesía de líderes y operadores políticos locales.
Las tecnologías de la información no podían quedar por fuera en este texto, como expresión de las desigualdades, pese a su presunto efecto democratizante y uniformador a nivel planetario. Se destaca la centralidad de la delincuencia informática y la diversificación de sus patrones tradicionales o terrestres de comisión de acuerdo a peculiaridades culturales, así como los límites de las intervenciones legales regulatorias y persecutorias y la necesidad de construir un conocimiento desde abajo, considerando las prácticas e innovaciones en las redes, que podrían resultar invisibles para un observador casual (238). También se discute la emergencia de redes oscuras, no vinculadas exclusivamente a comportamientos ilícitos, sino a la necesidad de evadir controles centralizados e intrusivos de gobiernos y grupos de poder, mediante las cuales se procura preservar la confidencialidad y evadir la persecución legal por parte de actores autoritarios (235) y a cuyo desarrollo, como sucedió en su tiempo con la world wide web, han contribuido estructuras gubernamentales y militares mediante protocolos inicialmente secretos y luego ampliamente difundidos. Todo lo cual ilustra el potencial de las tecnologías de la información para subvertir el secreto y la intrusión, como han venido a demostrar los casos de Assange y Snowden. Por lo que se refiere a los procedimientos de captura e incorporación de evidencia incriminatoria, un ensayo sobre del denominado caso de la ruta de la seda, que concluyó con condenas por tráfico de drogas a través de servidores ubicados en diversos países, demuestra el desafío de conceptos como soberanía estatal, salvaguarda legal de datos y principio de protección para la aplicación extraterritorial de las leyes penales, en contextos donde las asimetrías de poder entre estados determinan resultados diversos e incluso vulneración de reglas de cooperación legal internacional, en favor de procedimientos expeditos y ejemplarizantes, que estarían conduciendo a una suerte de feudalismo legal, dentro del cual unos estados actúan como señores y otros como vasallos (253-254).
Latinoamérica se encuentra representada por siete ensayos, seis de ellos ilustrando casos de Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela, y uno centrado en una reflexión más general sobre su inserción como región dentro de un enfoque criminológico alternativo. Aunque existen de diferencias de foco y densidad entre unos y otros, intentaré una apreciación de conjunto, destacando sus contribuciones y limitaciones.
Un estudio bien fundado y documentado compara tasas de encarcelamiento en función del régimen político, con referencia a Argentina y Venezuela, donde gobiernos de izquierda accedieron al poder a inicios de este milenio, permaneciendo suficiente tiempo como para comparar datos con gobiernos anteriores, definidos como neoliberales. Partiendo de la hipótesis de que el neoliberalismo favorece la represión y la izquierda la inclusión, los datos no muestran consistencia dado que las tasas de encarcelación no mantienen estabilidad dentro de un mismo periodo de gobierno. Se sugiere incorporar al análisis variables complementarias al signo político gubernamental, como alianzas, discursos y visiones concurrentes, así como correlación de fuerzas políticas en cuerpos deliberantes, para apreciar, mediante densificación, el valor de hipótesis más bien simplistas, pero que se han impuesto dada la hegemonía intelectual extranjera (675). Es una buena sugerencia para reforzar y enriquecer un marco interpretativo que se apoya en teorías foráneas, aunque la densificación debería considerar variables menos obvias que podrían comprometer la teoría: en el caso venezolano, el periodo de las tasas más bajas de encarcelación dentro del chavismo correspondió a la aplicación inmediata de un código procesal penal más restrictivo de la detención preventiva, promulgado bajo un gobierno neoliberal, que experimentó reformas sucesivas para la ampliación de la detención preventiva, precisamente durante el transcurso del gobierno izquierdista. Una revisión de la investigación de los crímenes de la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983, y su conexión con las tasas de encarcelamiento registradas en el país, sugiere que mediante una segunda ola de justicia transicional, luego de la indulgente presidencia de Menem, se produjo un relevante desarrollo institucional del sistema de justicia y, de alguna manera, la unificación de la percepción de los delitos como ataques al bien colectivo, independientemente que fuesen debidos al abuso de poder o a la delincuencia común, lo cual es presentado como un efecto favorable hacia la adopción de estándares de justicia menos maniqueos y sesgados (999). Un efecto colateral de este cambio habría sido la frecuencia de enjuiciamiento penal de ex presidentes democráticamente electos, por actos de corrupción, luego de la instauración de la democracia en 1983 (1004). Cuál sea la contribución relativa del castigo de estos delitos a la tasa de encarcelación queda aún por despejarse, dado que su impacto podría variar, con relación a la delincuencia común, según los niveles de detección, el total de los casos procesados y la modalidad de la sentencia aplicada.
El estudio brasileño analiza las muertes de delincuentes a manos de la policía entre 1991 y 2014, partiendo de un marco vinculado a las perspectivas norteamericanas sobre la anomia y la desorganización social, aunque al presentar el caso brasileño, refiere a la impunidad policial, al entrenamiento militarizado de la policía y a los prejuicios raciales y sociales como las variables más significativas, marcando una inconsistencia con el marco teórico inicialmente propuesto. No existe mayor referencia a la investigación
latinoamericana sobre la violencia policial, que es abundante y accesible. Los autores encuentran, mediante la aplicación de un modelo estadístico multivariado, que la disminución de los arrestos por homicidio y el aumento de policías asesinados son las variables mayormente asociadas al incremento de las muertes de delincuentes por parte de la policía (540). Sin embargo, no existe interpretación sobre el sentido de estos hallazgos en conexión con el entrenamiento policial militarizado o los prejuicios raciales y de clase, y su conexión con las perspectivas de la anomia institucional y la desorganización social no resultan evidentes, sin distinguir entre arrestos de homicidas civiles y homicidas policías. Las conclusiones apuntan a reforzar el respeto a los derechos humanos y el incremento de la credibilidad de la justicia (545), sin una clara vinculación con el marco interpretativo propuesto, dentro de una perspectiva generalista y ambigua.
En el caso colombiano, se revisa la evolución legislativa penal en las últimas dos décadas, caracterizada como de progresivo endurecimiento de las penas y encarcelación, a pesar de diferencias y matices entre distintas presidencias. Se sugiere que estos cambios son independientes de la proclamada tendencia política, dado que países con orientación radical socialista (sic), como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, habrían transitado por el mismo sendero (689), concluyendo que la diferencia con los países industrializados radica en que allí la pequeña delincuencia no es relevante por haberse consolidado el orden macro social que garantiza la predictibilidad y seguridad de las transacciones económicas, algo muy diverso a los países de industrialización emergente, donde la lucha por consolidar un estado tradicionalmente frágil aún persiste (701-702). La interpretación de los hallazgos requeriría mayor elaboración y sustentación en datos, con indicadores y matices más precisos. La hipótesis de la incertidumbre, afín a este marco interpretativo, ha sido también propuesta en Latinoamérica para explicar el incremento de la violencia policial, aunque este fenómeno es autónomo frente a la encarcelación, como también muestra el estudio brasileño antes referido. En todo caso, la explicación propuesta para Colombia podría carecer de validez empírica pues las altas tasas de encarcelación a nivel mundial las encabezaron, mucho antes que se dispararan en América Latina, precisamente los países de Norte América y Europa occidental, donde supuestamente existe mayor predictibilidad y seguridad de transacciones, lo cual generó, precisamente, las teorías norteñas que vinculan neoliberalismo y encarcelación. Estas consideraciones obligan a repensar mejor qué sería esto de criminología del sur global, y cómo podría fertilizar las visiones desde el norte, como algunos de los ensayos sugieren.
Las contribuciones de México se centran en la violencia juvenil y contra las mujeres. Uno de los artículos refiere un estudio cualitativo sobre jóvenes procesados por homicidio, intentando, a través de entrevistas, reconstruir su experiencia y la tipología dentro de la cual encuadrarían los casos: delito organizado, bandas delincuentes y por su cuenta (555). Con una ambiciosa cobertura de la quinta parte de la población adolescente recluida en el país, dentro de la cual el 34% corresponde al homicidio, se procura reconstruir antecedentes y senderos recorridos por estos adolescentes hasta su condena, así como características socio demográficas relevantes, dentro de un diagnóstico nacional propuesto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que parece fuertemente inspirado en propuestas norteamericanas sobre diversificación de la justicia y alternativas
al encarcelamiento (552-553). Los datos son reportados mediante extractos de entrevistas de varones y hembras recluidos que pretenden indicar la adscripción de cada caso a la tipología predefinida, aunque resulta difícil, a través de esos relatos, diferenciar con claridad la modalidad ejecutiva y la existencia de cada situación típica. Como todo estudio cualitativo, la capacidad de inferir es limitada, aunque se sugiere, de nuevo con apoyo en la literatura norteamericana, atenuar los efectos estigmatizantes y segregativos de la institucionalización en medio cerrado, aunque sin proponer parámetros claros y distinciones conforme a los casos, lo cual debería facilitar la adopción de decisiones informadas. El otro estudio mexicano reporta la situación de los femicidios en el área de Ciudad Juárez, que alcanzaron relevancia y escándalo internacional, y donde se describen los patrones territoriales de desaparición de los cuerpos y los esfuerzos, mayormente infructuosos, de los familiares de las víctimas, fundamentalmente mujeres, para obtener justicia. Un caso emblemático y pionero de la Corte Interamericana de Justicia es discutido como precedente sustantivo y procedimental para el movimiento de resistencia frente a la inercia estatal, concluyendo que, desde una perspectiva emergente, el femicidio debería ser entendido como el concurso del sistema económico, político y social para actuar contra la vida de las niñas y las mujeres (926). Se podría esperar mayor desarrollo en cuanto a las características sistémicas y análisis de esta forma de violencia sexualmente sesgada, aunque las reflexiones permanecen ancladas en el marco de la denuncia moral, como buena parte de la literatura latinoamericana.
Finalmente, una contribución que revisa la producción criminológica latinoamericana en su conjunto sugiere que la formación profesional legalista de la mayor parte de los criminólogos ha dificultado el desarrollo de investigación con buena base empírica, requiriéndose una metodología más rigurosa para comprender la realidad social. A este marco de depresión cognoscitiva contribuiría la evasión de las fuentes primarias de datos y la escasa confiabilidad de las fuentes gubernamentales (724). La observación proviene de alguien que trabaja en el medio anglosajón del denominado Sur Global y refleja, por supuesto, el modelo de investigación de dicho entorno, que enfatiza los datos como base de la inferencia y los antecedentes de la investigación como marco de referencia para avanzar en nuevos conocimientos. A pesar que el comentarista parece ignorar, en su presentación del perfil intelectual de la criminología latinoamericana, tendencias, desarrollos y productos de, al menos, los últimos veinticinco años, sin que haya excusa dado el desarrollo de internet, su observación es pertinente como crítica de un discurso criminológico fundamentalmente dogmático y de denuncia, que ha caracterizado el desarrollo mayoritario de la disciplina en el sub continente, y que ya venía siendo destacado por varios autores. Pero, sobre todo, permite afirmar que, más allá de la observación de que el sur se habría instalado en el norte a través de los bolsones de miseria y exclusión que presentan las periferias de sus ciudades y las áreas menos urbanizadas (712), con lo cual dicho sur viene identificado, antes que como una fuente de conocimiento alterno, como una verdadera zona de periferia económico-social excluida y depauperada, el discurso sobre una criminología del sur viene a ser promovido por una minoría disidente del norte global que procura implantar su nueva bandera en un territorio mucho más fértil y extenso, si bien heterogéneo desde el punto de vista social y cultural, y difícil de identificar
como claro campo de trabajo, dado que se enfatizan territorios antes que identificar y delimitar problemas. Ante esta constatación deviene imperativo repensar la identificación de los problemas y la aproximación a los datos frente a realidades que, según algunos, son tan obvias que ni siquiera requerirían ser documentadas, y aprehenderlos deslastrándose de los prejuicios que imponen su encuadramiento en teorías bien publicitadas, generadas en el norte cultural, no ya geográfico, y que terminan por convertir a los investigadores del sur en operarios subordinados para la réplica de modelos que comandan los intelectuales del norte.
En este sentido, como se ha podido afirmar en otra sede, la criminología latinoamericana, en particular, aunque no exclusivamente ella, podría constituir una fuerza liberadora y desatadora, favoreciendo la intuición y la integración, y asumiendo a los sujetos de estudio no como singularidades, sino como miembros de grupos, es decir, fundamentalmente como gregarios antes que como individualistas. Algo de todo esto resuena a lo largo de las contribuciones en este voluminoso libro. En suma, lo que todavía se echa de menos es un trabajo de depuración para que no exista, como bien ilustra la portada del libro, un tronco enorme con raíces deformadas antes que un árbol con abundante foliación y floración.
Luis Gerardo Gabaldón
Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela.
Vol 28, N°2
Esta revista fue editada en formato digital en junio de 2019 por su editorial; publicada por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela